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FEDEME Y POLICÍA JUDICIAL COLABORAN EN LOS CASOS DE ROBOS DE HERRAMIENTAS A INSTALADORES

FEDEME y sus asociaciones provinciales del sector de instalaciones, continúan con su particular cruzada para tratar de frenar el incremento de robos de herramientas del que están siendo víctimas los instaladores sevillanos en los últimos meses.

Así, tras un primer encuentro celebrado en el mes de julio con el Delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, a quien se informó de la problemática actual del sector por estos robos reiterados, los representantes patronales, concretamente el director gerente de FEDEME, Carlos Jacinto Marín y el presidente de la Asociación Provincial de Instaladores Eléctricos, Juan Carlos Sevilla, como portavoz del sector, han sido atendidos en esta ocasión por el Responsable del Grupo de Policía Judicial del Distrito Macarena, quien explicó las líneas de investigación y las últimas detenciones que se han producido relacionadas con estos casos.

Tanto la Federación como la Asociación Provincial de Instaladores realizan un balance muy positivo de esta reunión en la que se acordó la apertura de una vía de colaboración al objeto de agilizar las labores de investigación en este sentido. Para ello, FEDEME canalizará a través del “Área de Denuncias” disponible en su Web todas las notificaciones de sustracción que le sean comunicadas por parte de los profesionales del sector para su posterior remisión al Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional, con independencia a la denuncia formal que debiera interponer cualquier profesional que se vea afectado por un robo de estas características.

Tal y como se alertó desde FEDEME hace unos meses, estos robos se están produciendo en los propios vehículos profesionales, llegándose a dar en ocasiones a plena luz del día en zonas industriales o determinadas barriadas de la capital. Estos hechos afectan de forma directa al desempeño del sector de instaladores de todas las ramas, que se enfrenta a un daño económico que en algunos casos supera los 3.000€, como en los supuestos de sustracción de fusionadoras de fibra óptica empleadas por las empresas instaladoras.

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